Crisis del transporte: las claves del conflicto en Tucumán

El transporte público afronta una nueva crisis en Tucumán. Y en medio de las tensiones entre los empresarios y la gestión de la intendenta Rossana Chahla, los usuarios de la Capital se ven afectados con servicios reducidos y un paro de UTA por el despido de 200 choferes.

Este lunes, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) anunció una serie de medidas de urgencia; entre ellas, la disminución de los recorridos en un 40% y la cesantía de unos 200 trabajadores. Según los directivos de la entidad, la situación financiera es terminal, ya que arrastran déficit operativo; además, acusaron al municipio de no ofrecer respuestas a este complejo escenario, dada la negativa de aportar subsidios y la demora en la actualización de la tarifa del transporte.

Por su parte, la gestión de Chahla rechazó la postura de los empresarios; calificó las disposiciones de Aetat como una extorsión y resolvió apurar el envío de los pliegos para la regularizar la concesión de las 14 líneas que recorren la Capital, en la actualidad otorgadas de manera precaria a las firmas nucleadas en la asociación.

Al margen de las posturas cruzadas entre las empresas y los funcionarios, la crisis en el transporte arrastra cerca de una década en Tucumán, y se fue profundizando en los últimos meses.

Las claves para entender el conflicto en el transporte

A continuación, algunos puntos claves sobre la problemática del sector en la provincia.

1) En emergencia

En 2018, la Legislatura aprobó una ley que declara la emergencia en el sector del transporte público de pasajeros en Tucumán y habilita el aporte de subsidios del Gobierno provincial. Esa norma fue renovada sucesivamente por la Cámara provincial, y en su última actualización se fijó su vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. Ahora, además, la intendenta Chahla impulsa un proyecto de ordenanza para que se disponga la emergencia en este servicio para el ámbito municipal. La iniciativa faculta a modificar los recorridos de las líneas urbanas e interurbanas que recorren la ciudad, y apunta al dictado de "los actos administrativos que sean necesarios para garantizar la continuidad y regularidad de la prestación".

2) Hubo recortes desde Nación

Tras la salida de Alberto Fernández de la Rosada, el presidente Javier Milei anunció una serie de recortes para reducir el déficit en el Estado. En ese paquete ingresó el fondo compensador para el transporte público de pasajeros. Con la caída de este esquema de subsidios, que había sido creado en 1995, el sostenimiento del servicio pasó a ser competencia exclusiva de los gobiernos locales, con lo que el costo del boleto sufrió un marcado incremento en todos los distritos del país. En contrapartida, la gestión de La Libertad Avanza resolvió aplicar un criterio de subvención a los pasajeros -en lugar de a las empresas- a través de la tarjeta SUBE. Los usuarios de Tucumán no cuentan con este beneficio, dado que, si bien se trabaja para implementar este plástico en la provincia, no hay fecha oficial para su desembarco.

3) Concesiones

La cuestión de la titularidad de las concesiones es uno de los ejes que mayores tensiones produce entre empresarios y el municipio. En Aetat aseguraron que, si bien la tenencia precaria fue dispuesta durante la administración de Germán Alfaro, la gestión de Chahla no atendió sus pedidos para regularizar esta cuestión, una condición básica para la obtención de líneas de crédito y otras gestiones, indicaron las empresas. Desde la intendencia, en tanto, resolvieron apurar los trámites para enviar al Concejo Deliberante los pliegos para el llamado a licitación de las 14 líneas que recorren la ciudad. Si bien el proyecto de Chahla no ingresó todavía al cuerpo colegiado, uno de los puntos clave estará en si las firmas que operan hoy en la Capital podrán presentarse y pugnar por obtener la adjudicación formal.

4) Sin aumento del boleto

Aetat remitió un pedido formal ante el Concejo Deliberante para que se lleve adelante una actualización en el boleto urbano, hoy fijado en $690. Según el estudio de costos remitido por los empresarios, el valor de ese pasaje debería alcanzar los $1.490. Sin embargo, explicaron en Aetat, se contemplan distintas variables, como el impacto de la crisis que afecta a los usuarios (de hecho, la mayoría de las líneas sufrió una caída en la cantidad de pasajeros). Por ello, la intención del sector privado es que el mínimo sea llevado a unos $940. Los ediles iniciaron el tratamiento de este asunto, pero la postura de la intendenta Rossana Chahla es no avalar un aumento hasta tanto se observen mejoras sustanciales en el servicio. De esta forma, la cuestión del boleto quedó en suspenso y, sin acuerdo en el ámbito político, no está previsto que ingrese al recinto en la próxima sesión.

5) Boletos gratuitos

Otro de los puntos que plantearon los empresarios en la conferencia de prensa del lunes fue el funcionamiento de los distintos programas de boleto gratuito que operan en Tucumán, tanto del ámbito provincial como del municipio. La crítica de Aetat es que, si bien la dirigencia obtiene un rédito político por este beneficio, en rigor es el sector privado el que sustenta la mayor parte del costo del boleto gratuito. En ese sentido, señalaron que, por cada estudiante, perciben entre el 22% y el 25% del valor real del pasaje. Además, reprocharon que en distintas ocasiones los desembolsos se registraron con varios meses de demora, con lo que, además, la inflación ocasiona que los ingresos por el boleto gratuito sean todavía menores.

6) Sin subsidios municipales

En la conferencia de este lunes, los miembros de Aetat insistieron con el reclamo para que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán efectúe aportes para compensar el valor del boleto. Remarcaron que varios municipios del interior del país -en especial, las ciudades más importantes en cuanto a actividades y población- destinan recursos para sostener el servicio. El secretario de Gobierno de la Capital, Martín Viola, descartó esta posibilidad. “Los vecinos de San Miguel de Tucumán pagan sus impuestos para cubrir los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, y no para subsidiar empresas privadas que deben asumir su responsabilidad en la prestación de un servicio digno”, aseveró.

7) Fondos provinciales

Sin partidas federales por la caída del Fondo Compensador y con el anuncio del municipio de que no girará subsidios, los únicos aportes estatales que reciben las empresas de transporte en Tucumán provienen del Gobierno provincial. Cada mes, el Poder Ejecutivo emite un decreto que remite $2.900 millones a Aetat, que luego redistribuye el dinero entre sus asociados. Además, la Casa de Gobierno solventa los pasajes para el boleto gratuito destinado a jubilados y a estudiantes del interior. De esta forma, la partida presupuestaria de la Provincia para el transporte público rondaría los $40.000 millones anuales para el ejercicio 2024. En este contexto, la postura de la gestión de Osvaldo Jaldo es no asignar más fondos para este servicio.

8) 200 despidos y paro

Una de las graves consecuencias de esta crisis en transporte fue la decisión de Aetat de disponer unos 200 despidos entre el personal, en sintonía con la reducción del 40% en los recorridos en el ámbito de San Miguel de Tucumán. Los empresarios argumentaron “razones de fuerza mayor”, dada la crisis que atraviesan las prestatarias del servicio. La reacción del gremio de UTA fue inmediata: se convocó a una reunión de delegados y se resolvió un paro por tiempo indeterminado. “No vamos a permitir que un solo compañero quede en la calle”, advirtió el secretario general, César González. El líder gremial confirmó que UTA agotará instancias hasta revertir las cesantías, para lo cual se recurrió a la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Si no hay respuestas, se dará inicio a un paro a partir de las 14, confirmó el sindicato.