Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha decidido trasladar el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal. Esta decisión se oficializó a través de la secretaría penal del tribunal. Aunque la opinión del Procurador no tiene carácter vinculante, lo que implica que la Corte tiene la facultad de adoptar un criterio diferente, este paso representa un avance significativo en un expediente de gran relevancia política e institucional. 

El caso en cuestión tiene como eje central la posible confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados, quienes son acusados de haber incurrido en irregularidades en la gestión de obras públicas. En este contexto, Eduardo Casal, en su rol de jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, deberá determinar si apoya el recurso presentado por Villar, que solicita una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner por asociación ilícita, además de la condena por fraude que ya ha sido dictada. 

Se especula que Casal podría respaldar el reclamo, lo que permitiría a la Corte continuar avanzando en este asunto. Sin embargo, es importante señalar que la cercanía de las elecciones legislativas programadas para octubre y el cierre de listas podrían influir en el ritmo de los procedimientos judiciales relacionados con este caso. 

Causa Vialidad: la condena a Cristina Kirchner podría ampliarse

Dentro de los 17 recursos de queja que la Corte debe resolver en el marco de este proceso, se encuentra también la solicitud de la defensa de Cristina Kirchner, que busca anular la doble condena que pesa sobre ella. Esta condena fue impuesta por el Tribunal Oral 2 y posteriormente confirmada por la sala IV de la Cámara de Casación. Este recurso, que ha sido presentado por su abogado, Carlos Alberto Beraldi, representa el último esfuerzo de la expresidenta para evitar que la sentencia se haga firme, lo que activaría no solo la pena de prisión, sino también la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. 

En conclusión, el desarrollo de este caso no solo incide en la vida política de Argentina, sino que también plantea interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales en un contexto de alta tensión política.