Hace 30 años, a las 9.53 de un lunes de frío y sol, una camioneta bomba con más de 300 kilos de explosivos se incrustó en el edificio de Pasteur 633, pleno corazón de Once. Voló la AMIA. Mató a 85 personas. Desde entonces, la sensación de Justicia parece desvanecerse en cada aniversario.

Las investigaciones avanzaron hasta identificar a Irán y al grupo Hezbollah como los responsables del atentado. También identificó a ex jerarcas del gobierno iraní y a colaboradores del Hezbollah que decidieron y ejecutaron el ataque.

En los últimos meses, sumó a ellos los nombres de cuatro empresarios libaneses afincados en la Triple Frontera, acusados de facilitar el desplazamiento del grupo operativo que hizo el ataque. Pidió la detención internacional de todos ellos. Además, estableció la mecánica del ataque, su organización desde la embajada iraní en Buenos Aires, cómo fue armada la Trafic usada en su ejecución y el uso de un conductor suicida para concretarlo. Pero la mayor deuda con los familiares de las víctimas es que aún la Argentina no pudo capturar y juzgar a los responsables del atentado.

La cantidad de expedientes judiciales derivados del caso principal en el que se investiga el atentado expone el fracaso del Estado argentino en esclarecer lo ocurrido aquel 18 de julio. Las únicas condenas que se dictaron hasta ahora fueron contra los funcionarios que investigaron el caso señalados por encubrir o de cometer delitos durante la instrucción.

Hubo tres juicios orales. En el primero se absolvió a todos los acusados y se denunció el inmenso encubrimiento del Estado durante el menemismo, que montó una operación para castigar a falsos culpables.

Hubo un segundo juicio contra los investigadores del atentado, donde absolvieron a Carlos Menem, pero condenaron a sus exfuncionarios y al exjuez que investigó el caso. Y hubo un tercer juicio contra Carlos Telleldín, el exmecánico, último tenedor de la Trafic que fue usada como bomba. Fue acusado de entregarla a los terroristas pero, a pesar de que estuvo diez años preso, lo absolvieron tres veces. Su caso está apelado en la Corte Suprema.

La causa AMIA puso en evidencia la capacidad de la política para alterar la investigación judicial y manipular la búsqueda de la verdad. También permitió iluminar operaciones ilegales de los servicios de inteligencia para entorpecer en lugar de esclarecer y visibilizó alineamientos geopolíticos que cambiaron con la alternancia de los diferentes gobiernos.

Tanto es así que la ex presidenta Cristina Kirchner espera un juicio oral, acusada de encubrir a los responsables del ataque a la AMIA con la firma del Pacto con Irán. Además, según la Justicia, el fiscal Alberto Nisman fue asesinado por realizar su trabajo para esclarecer el atentado. Las pistas apuntan a una guerra de los servicios de inteligencia detrás de ese crimen.

Los prófugos

En 2006, la Justicia argentina ordenó la captura internacional de nueve sospechosos: el ex presidente iraní, Alí Akbar Hashemi Rafsanjani (hoy fallecido); el ex ministro de Información y Seguridad Alí Fallahijan; el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Velayati; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; el ex consejero cultural de la Embajada iraní en la Argentina, Mohsen Rabbani; el ex embajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour; el tercer secretario de la Embajada iraní en la Argentina, Ahmed Reza Asghari; el comandante de las Fuerzas Quds, Ahmad Vahidi; y el jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah, Imad Moughnieh (hoy fallecido). Desde 2007, Interpol le dio máxima prioridad de búsqueda -”circular roja”- a solo cinco de ellos, que a lo largo de los años se han ido renovando. A esa lista se agregó en 2009, a pedido del fiscal, la captura internacional, con alerta roja de Salman Raouf Salman, alias Samuel Salman El Reda.

El último avance en la investigación apuntó a acusar a los que habían ayudado a Salman cuando vivió en la Triple Frontera. Son los cuatro prófugos que sumó la causa en 2022. Uno, Ali Hussein Abdallah, murió de COVID durante la pandemia. El otro es el hermano de Salman, Abdallah Salman, que aquí se dio a conocer como José y también estuvo involucrado en el atentado a la Embajada. El tercero es Hussein Mounir Mouzannar, quien se fugó desde Paraguay vía Brasil hacia el Líbano el mismo día en que se conocieron las órdenes de captura. Busca que le permitan presentarse con un abogado en la causa sin tener que venir a la Argentina, pero no tuvo éxito. El cuarto de esa lista Omairi, que ya está localizado en Brasil.

Para el resto de los prófugos, solo resta esperar que salgan de Irán y algún país amigable quiera colaborar con la Argentina.

La condena internacional

El Gobierno nacional anunció que impulsa el proyecto del juicio en ausencia, como una manera de avanzar sobre los acusados. Lo hicieron público días atrás los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

La idea del juicio en ausencia no enamora a muchos constitucionalistas ni penalistas. Ni tampoco a varios de los actores de la causa. Pero como todo está en pañales, habrá que esperar a cómo queda confeccionada la ley y si sortea los eventuales planteos que se lleven a tribunales para cuestionarla, porque -vale aclarar- no sólo aplicaría para los acusados del atentado. “Hasta que no salga la letra de la ley es muy difícil hacer pronósticos porque son tantos los escenarios...”, dijo uno de los investigadores en la causa.

Mientras tanto, la Argentina se prepara para cumplir con la sentencia que dictó en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA. En rigor no había conflicto: las víctimas de Memoria Activa y el CELS que impulsaron el reclamo y el Estado -durante el mandato de Alberto Fernández- coincidieron en las acusaciones. “A casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. De esta forma, la Corte considera que el Estado es responsable”, señaló la sentencia.