Este lunes pasado el mediodía se retomarán las negociaciones entre los representantes de  Aerolíneas Argentinas  y los gremios aeronáuticos, tras una semana marcada por los paros sorpresivos y la decisión del Gobierno de desregular el servicio de rampas. Se espera que en la reunión se discuta un  aumento salarial  que, según los sindicatos, acumula un atraso cercano al 90% en comparación a diciembre de 2023.

El último encuentro entre ambas partes fue el viernes, donde se acordó reanudar las conversaciones si los gremios se  comprometían a no realizar medidas de fuerza  durante la mesa de diálogo. Los sindicatos involucrados son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas  (APLA) , la Asociación del Personal Aeronáutico  (APA)  y la Asociación Argentina de Aeronavegantes  (AAA).

Durante ese encuentro, se mostró “predisposición” a avanzar en un posible aumento. Esta primera reunión, sin la presencia de los secretarios generales, abrió una tregua temporal sin medidas de fuerza a la espera de avances.

Como valoración del encuentro del viernes, Mateo Ferrería, secretario Gremial de APLA en representación de Pablo Biró, calificó de “positiva” la última reunión y confirmó que, durante las conversaciones, el sindicato ha decidido suspender sus medidas de fuerza.

Por otro lado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, señaló a Radio Mitre que el Gobierno tomará medidas “para que los pasajeros no sean rehenes” si el gremio incumple con su compromiso de mantener la tregua. Según Cordero, es fundamental negociar, sin presiones, con el compromiso de ambas partes de evitar acciones conflictivas mientras continúan las conversaciones.

"Nosotros verdaderamente esperamos que ya se comience a establecer este período de negociación, donde una de las condiciones especiales para este período que están puestas sobre la mesa es que no existen medidas de fuerza. Esto es claro. Yo no puedo estar negociando con medidas de fuerza. fuerza de uno de los negociadores, es como si yo te dijera 'bueno, ok, te voy a despedir personas y ahora me siento en mi negocio, te hice un montón de despidos, te investigo, no despidos justificados, sino despido porque quiero y entonces me siento a negociar'. O sea, de la misma manera, uno espera que no haya medidas de fuerza del otro lado, pero si eso no sucede, se tomarán todas las recaudaciones que haya que tomar”, señaló.

En medio de estas tensiones, los sindicatos insisten en que las reuniones se centran exclusivamente en el reclamo de un ajuste salarial, argumentando que los sueldos presentan un atraso del 86% respecto a diciembre de 2022. Según Franco Mogetta, secretario de Transporte, el Gobierno está decidido a finalizar el financiamiento estatal que ha costado 8 mil millones de dólares durante el kirchnerismo. Mogetta añadió: “Si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa, y si no la aceptan, se cerrará”.

En paralelo, el Poder Ejecutivo busca llevar a la Corte Suprema de Justicia un fallo que favoreció a APLA, con el objetivo de revocar una medida cautelar que suspendió por tres meses los decretos 825 y 831. Estas normativas, emitidas en septiembre, establecieron al sistema de aeronavegación civil como servicio esencial, exigiendo a los gremios informar de las huelgas con cinco días de anticipación y asegurar un mínimo del 50% del servicio en caso de paro. El juez laboral Ricardo Hierrezuelo dictó la cautelar argumentando que el derecho de huelga está protegido en el artículo 14 bis de la Constitución y en tratados internacionales como el convenio de 1987 con la OIT.