Este jueves 19 de septiembre, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un paro en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en respuesta a la situación salarial y los despidos en el sector. La medida se realizará en 27 aeropuertos a nivel nacional, con un cese de actividades programado en dos etapas: de 6 a 12 y de 17 a 22.

Desde el Ministerio de Transporte aclararon que “el paro anunciado es una medida de los empleados estatales de la ANAC, que no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos”.

El paro no afectará la operación del control aéreo de las terminales, pero sí “los servicios que complementan a la torre de control”. “Estamos en áreas administrativas, reglamentarias, de fiscalización y gestión de licencias aeronáuticas, y en áreas operativas como el servicio de control terrestre de los aeropuertos, el servicio de sanidad aeronáutica y de extinción de incendios”, dijo.

En rigor, si bien el Gobierno y Aerolíneas Argentinas aseguraron que los vuelos no se verán interrumpidos -gracias a la declaración del transporte aéreo como servicio esencial-, se anticipa que los efectos del paro podrían repercutir en la puntualidad y el normal desarrollo de las operaciones en los aeropuertos.

Al mismo tiempo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizarán esta tarde, por separado, asambleas de trabajadores para resolver si continuarán con las medidas de fuerza, que pueden consistir en nuevas huelgas de 24 o 48 horas o una variante: paralizar las tareas en los centros de capacitación de los pilotos y auxiliares de a bordo, lo que afectará el servicio en cierto plazo porque no habrá personal con permisos para trabajar.

“Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, dijo un dirigente de sector.

La asamblea de APLA tendrá lugar, a las 13, en la sede de Lezica 4031, mientras que la de AAA será en Bartolomé Mitre 1906. Cuando terminen, sus secretarios generales, Pablo Biró y Juan Pablo Brey, respectivamente, anunciarán la modalidad y la fecha de las nuevas medidas de fuerza.

El conflicto en Aerolíneas se agravó luego de que el Gobierno presentó este miércoles una denuncia por amenazas y extorsión contra Biró por haber advertido que “esto se va a poner mucho peor...”, frase que dio pie a los abogados del Ministerio de Seguridad para accionar penalmente en contra de él.

En la presentación, la cartera que conduce Patricia Bullrich consideró que los dichos del líder de los pilotos “podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal”.

La CGT rechazó anoche la denuncia penal del Ministerio de Seguridad contra Biró e instó a la empresa a “dirimir los conflictos laborales en el ámbito de la negociación paritaria”.

En un comunicado de prensa, la central obrera consideró que “la resolución de las diferencias entre empleadores y trabajadores debe transcurrir en el terreno del diálogo social y no en la búsqueda de responsabilidades penales en una u otra declaración o acción cuyo único fin es defender los derechos laborales de los trabajadores aeronáuticos”.

Por su parte, APLA y AAA denunciaron “la intención del Gobierno de forzar el cierre de Aerolíneas Argentinas” y criticaron al presidente de la empresa, Fabián Lombardo: “En su rol de marioneta itinerante del CEO, paseándose por cuanto canal oficialista se le puso por delante, sirvió para dejar en claro que el enfrentamiento entre el Gobierno y los sindicatos, excede los motivos salariales”.

En un comunicado de prensa, los gremios afirmaron que, “como consecuencia del despido arbitrario de 3 compañeros pilotos, presentó su renuncia el Gerente de Operaciones de la empresa, es decir, quien tiene bajo su responsabilidad toda la flota”. “Cabe mencionar, una vez efectivizada esa dimisión, y con esa posición acéfala, la empresa no puede volar”, advirtieron, tras lo cual alertaron sobre “las implicancias para la seguridad operacional que este contexto de conflicto genera, y de cuyas potenciales consecuencias, el único responsable es el presidente de la empresa”.

Para los pilotos y los aeronavegantes, “se deja ver un posible escenario de parálisis en el corto plazo, no sin la posibilidad de algún previo exabrupto empresario fuerte en su cruzada contra las medidas gremiales”. Y agregaron: “De manera burdamente obvia, se trataría de un lock out patronal, que buscaría detener la operación de la compañía para luego culpar a los sindicatos y sus trabajadores”.

“Estamos dispuestos a dar la pelea por la continuidad de nuestro trabajo hasta las últimas consecuencias -advirtieron los gremios conducidos por Biró y Brey-. No vamos a negociar nuestra dignidad ni a ceder ante un proyecto destructivo y precarizador, cuya única meta es disciplinar, someter y reducir para poder vendernos a sus socios extranjeros”.

Luego sostuvieron: “Los trabajadores somos perfectamente conscientes de lo que está sucediendo y ya pasamos por esto. Un día fue Iberia, otro fue Marsans. Hoy es el propio Estado. El mismo Estado que abandona a los jubilados, a la salud pública, a la ciencia, a la educación, al transporte. Un Estado que arrasa con cuanto sector aún mantenga o simbolice la más mínima concepción de soberanía nacional. A eso vinieron”. Y el comunicado finaliza: “Los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos estamos unidos y dispuestos a luchar hasta el final. Y vamos a prevalecer”.